Podemos ir a hacer la dosis de ejercicio mañanero que —nos prometen— alargará nuestra vida. También ir al súper, hacer el mandado. Tomar el transporte público o manejar el auto, si es que lo tenemos. Dejar a los hijos en la escuela; recogerlos. Iremos a un restaurante o a disfrutar de un café con las amigas. Quizás ir al cine, después de una jornada de trabajo. Aparentemente no ha pasado nada. Pero el país en el que todo esto sucede es radicalmente diferente: dejó de ser una democracia, una república federal representativa, con tres poderes. ¿Qué nombre le pondremos al engendro? No lo sé y tampoco importa mucho

En los debates y análisis sobre la reforma judicial y la inminente elección de más de 800 juzgadores, incluyendo los y las integrantes de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN (guinda), se hace énfasis en el origen espurio de la reforma, impuesta gracias al robo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, vía la supermayoría. Después en las trampas de los Comités de Selección, especialmente los del Poder Legislativo y Ejecutivo. En la falta de recursos para el INE (guinda) para la organización de la elección, en el papel de vasallo de Palacio Nacional de la triada mayoritaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF (guinda); en la imposibilidad de conocer a las y los candidatos; en los esfuerzos ridículos para darse a conocer. En la muy alta posibilidad de que la próxima presidenta de la SCJN (guinda) sea la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, o que permanezcan en la Corte (guinda), la versión femenina y mexicana del Gordo y el Flaco (sin intención de insultar a Laurel y Hardy).

Todo eso es cierto y más. El gobierno movilizará a sindicatos, empleados y beneficiarios de los programas sociales, los dotará de los “acordeones del Bienestar” con los nombres de aquellos candidatos que le aseguren fidelidad. En un proceso tan grande y complejo se han colado algunos nombres de hombres y mujeres comprometidos con el Estado de derecho, algunos irán a votar por esos nombres; se armarán también los “acordeones de la resistencia”. Muy bien. Vamos a imaginar que por un golpe de suerte o por la infinita ineptitud de quienes manejaron los antecedentes de esta elección, ganan para la integración de la Corte o en las magistraturas o hasta en el Tribunal personas formadas, estudiadas y que aman el derecho.

¿Qué espíritu del derecho van a defender? ¿Qué Constitución será su faro? La Constitución que nos heredan los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum es una militarista, que da a la Sedena (guinda) y no a una autoridad civil el mando sobre la seguridad pública. Si un particular se ampara contra esa secretaría, la Corte (guinda) tendrá que defender el papel prioritario que le otorga la Constitución (guinda) a los militares. La Constitución que tendrán que defender es de un punitivismo extremo, como lo demuestra la reforma que aumenta los casos que merecerían prisión preventiva oficiosa. La Corte, integrada hipotética y milagrosamente por personas honestas y estudiosas, tendrían que hacer caso omiso de lo que mandata el artículo primero constitucional, en relación con los derechos humanos, pues la prisión preventiva oficiosa está ahí, en la Constitución, reformada el 31/XII/2024.

Catorce años bajo la influencia de la reforma de 2011 al artículo primero constitucional, con su principio pro persona y la obligación de respetar los compromisos firmados por el Estado mexicano en diversas convenciones internacionales, han heredado cierta cultura de respeto a los derechos humanos que molesta a las mayorías morenistas, como se demostró esta semana con las reacciones cavernarias al anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, de investigar e informarse sobre lo que sucede en México. Más temprano que tarde, algún ilustre diputado presentará una iniciativa para acabar con la reforma de 2011 y será aprobada. ¿Qué haría la nueva Corte con las acciones de inconstitucionalidad o las controversias interpuestas por las minorías parlamentarias o estados y municipios? Pues la nueva Corte tendría que tirar esas acciones a la basura porque en la reforma que adiciona un quinto párrafo al artículo 105 constitucional (31/X/2024) se establece la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal. Si Morena decide cambiar los colores patrios por verde, blanco y guinda, esto no podría impugnarse. Si decide liberarse del federalismo y establecer que somos una república centralista y unitaria, así se quedaría.

En otras palabras, no es sólo que la reforma judicial esté mal de principio a fin, sino que ya no tenemos la Constitución que garantizaba o al menos pregonaba una República federal, representativa, con tres poderes, que santificaba los derechos humanos, la pluralidad y la democracia. Eso se acabó, lo acabaron. Pero todavía no acaban con las elecciones ni con la existencia de partidos: por ello nos urge uno nuevo, en ello estamos en SomosMx.