Para quienes no somos abogados, es muy complicado distinguir la idoneidad de los perfiles que se nos ofrecen. Es una elección en la que participarán de manera informada únicamente quienes integran el gremio de los abogados. Los demás somos mirones de palo.

l inicio de las campañas de los aspirantes a integrar el Poder Judicial confirma que elegir por votación popular a jueces, magistrados y ministros es una muy mala idea. La información disponible de los aspirantes es demasiado general, y salvo el gremio de los abogados, el interés por participar es prácticamente inexistente. La especialización de quienes imparten justicia sólo es valorable por quienes comparten esa profesión.

Seguramente entre los diversos aspirantes hay profesionales valiosos a los que valdría la pena apoyar, pero para quienes no somos abogados, es muy complicado distinguir la idoneidad de los perfiles que se nos ofrecen. Es una elección en la que participarán de manera informada únicamente quienes integran el gremio de los abogados. Los demás somos mirones de palo.

Es evidente que el examen riguroso de los perfiles, la pretensión de mejorar y profesionalizar al Poder Judicial no fue lo que animó al legislador a elaborar la ley; los verdaderos electores no están en la calle, son los comités de evaluación de los distintos poderes quienes, con criterios diversos y alejados de la transparencia, terminaron de confeccionar las listas de quienes aparecerán en las distintas boletas. Los electores primigenios son los tres poderes de la unión.

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Por ello es muy preocupante el daño que le hizo a la equidad de la contienda la reciente sentencia del Tribunal Electoral que corrige al INE, reinterpreta la Constitución y les permite a los poderes públicos promover la elección. Si la idea de elegir a los integrantes del Poder Judicial es mala, la ley que regula dicha elección es peor.

A los Poderes Ejecutivo y Legislativo los elegimos bajo estándares muy rigurosos y acreditados en todo el mundo; lo que sucederá con el Poder Judicial se aleja sustancialmente de todas las garantías que nos dimos para la renovación de los otros dos poderes.

Pero si la ley es mala, la instrumentación no ha hecho sino agravar los problemas de la ley. Del lado de la autoridad administrativa hemos visto decisiones que relajan la cadena de custodia e incrementan la incertidumbre, si le sumamos la insuficiencia presupuestal a la que la sometieron, el horizonte es ominoso.

Por lo que hace a la autoridad jurisdiccional, el sometimiento a la voluntad del oficialismo es escandaloso: la única certidumbre que generan sus actos es que le darán la razón siempre a cualquier queja promovida por Morena y sus aliados.

En medio de ese desorden institucional, sólo hay algo que no podemos olvidar: la elección es ineludible y la transformación del Poder Judicial es inevitable. Lo mejor que podemos hacer quienes estamos interesados en evitar la debacle absoluta del Poder Judicial es encontrar canales confiables para obtener la información necesaria para orientar nuestro voto. El dilema ético no es fácil, la operación no es sencilla.

* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.