Ciudad de México a 21 de agosto de 2026

Boletín No. 23/2026

• La irresponsable provocación de Sheinbaum enrarece las relaciones bilaterales con nuestro principal socio comercial.
• El regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa no equivale a una exoneración ni hace desaparecer los señalamientos que existen en Estados Unidos y México.
• Representa también un agravio contra el pueblo sinaloense, con quien Somos México se solidariza, y una afrenta al Estado de Derecho.

El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa es una decisión política de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, para proteger bajo un manto de impunidad a morenistas investigados en Estados Unidos y denunciados en México por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Implica también una afrenta al Estado de Derecho pues durante todo ese periodo de licencia fue exonerado por las autoridades mexicanas, aun cuando hay evidencia pública suficiente para haber iniciado al menos una investigación en su contra.

Lejos de defender la soberanía, esta decisión la coloca en una posición de vulnerabilidad al convertir el caso Rocha en una provocación irresponsable y una confrontación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Su regreso al cargo no borra las acusaciones ni equivale a una exoneración judicial; las responsabilidades no se deciden desde Palacio Nacional, sino ante las instituciones de justicia.

Estados Unidos solicitó desde abril la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El Gobierno mexicano decidió no ejecutar la solicitud y Rocha Moya regresa ahora al ejercicio de la gubernatura, mientras el procedimiento abierto en Estados Unidos mantiene el caso en la relación bilateral.

Investigaciones periodísticas nacionales e internacionales han documentado denuncias, testimonios y acusaciones sobre una posible intervención del crimen organizado en procesos electorales de 2021 y 2024 y han colocado bajo escrutinio a distintos dirigentes y funcionarios de Morena.

Durante la elección de 2021 se denunciaron hechos de violencia e intimidación contra integrantes de la oposición. La hoy diputada Paola Gárate ha denunciado públicamente que fue privada de la libertad durante varias horas en vísperas de aquella jornada electoral, mientras que Mario Zamora Gastélum, entonces candidato a gobernador de la alianza opositora impugnó formalmente la elección que dio el triunfo a Rocha Moya. Estos antecedentes obligan a investigar, no a decretar desde el poder que el asunto está cerrado.

Contrario a la protección de los gobernadores y morenistas operadores del huachicol, el gobierno de Sheinbaum decidió detener y recluir en condiciones inhumanas a Ernesto Ruffo Appel, con quien pretenden ocultar la criminalidad con que Morena ganó las elecciones del 2021 y 2024.

México debe defender su soberanía sin titubeos, pero también debe evitar que la protección política de personas señaladas genere una escalada innecesaria en la relación bilateral.

México y Estados Unidos cuentan con un Tratado de Extradición y mecanismos formales de cooperación judicial precisamente para procesar este tipo de asuntos y México debe cumplirlo.

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