Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026

Boletín No. 48/2026

• La secretaria Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático de Somos, Jarumy Méndez, señala que la iniciativa reduce el derecho ambiental a un “trámite con escenografía” al otorgar solo tres días y medio para analizar más de 300 artículos.
• El artículo 28 de la propuesta busca convalidar por ley lo que la Suprema Corte de la Nación ya invalidó en el sexenio pasado: exentar a los megaproyectos de la Manifestación de Impacto Ambiental.

La nueva legislación ambiental contiene vacíos profundos, contradicciones presupuestales y riesgos graves para la protección ecológica del país, afirmó Jarumy Méndez, académica, especialista en Derecho Ambiental y secretaria Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático de Somos, señaló que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal contiene vacíos profundos.

En un foro para la discusión de la nueva legislación ambiental, llevado a cabo en la Cámara de Diputados en la Cdmx, Méndez reconoció que el proyecto incluye avances importantes —como la vinculación entre ambiente y salud, la adopción del principio in dubio pro natura, la protección de polinizadores y los principios del Acuerdo de Escazú—. Sin embargo, advirtió que la falta de mecanismos reales neutraliza los buenos propósitos.

**Un parlamento abierto exprés y sin verdadera participación, Méndez cuestionó los plazos establecidos para la discusión de la iniciativa, la cual sustituye casi cuarenta años de derecho ambiental en el país, como la falta de tiempo y espacios porque el registro para las audiencias cerró con apenas tres días y medio para analizar más de 300 artículos y no se contemplaron mesas regionales, juventudes, inter generacionales, ni de género.

Expresó que se transgreden estándares internacionales porque el Acuerdo de Escazú exige participación desde las etapas iniciales y plazos razonables.** “Un proceso apresurado de esta magnitud sienta un mal precedente para la consulta de futuros proyectos”, estableció e indicó que además hay obstáculos a la información pues artículos como el 247 imponen trabas burocráticas —exigiendo a los ciudadanos identificarse, justificar el motivo y pagar los costos de la información ambiental—, lo que contraviene el principio de máxima publicidad.

Uno de los puntos centrales de sus cuestionamientos a la iniciativa es el artículo 28, que establece que el dictamen favorable de la Evaluación Ambiental Estratégica equivaldrá a la autorización de impacto ambiental. “Traducción: los megaproyectos del país podrían construirse sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)… Lo que los jueces le negaron al sexenio pasado por decreto, hoy se busca por ley”, enfatizó Méndez, recordando el precedente del Tramo 5 Sur del Tren Maya y las autorizaciones provisionales declaradas inconstitucionales.

La representante de Somos también alertó sobre la inviabilidad financiera de la propuesta porque en los hechos no hay recursos adicionales, por ejemplo, el décimo segundo transitorio estipula que la ley no contará con presupuesto nuevo para cumplir con sus nuevas obligaciones. En contra, denunció que un tercio del anexo de cambio climático se destina a infraestructura ferroviaria y a Pemex (con más de 10 mil millones de pesos), mientras que el cuidado de las áreas naturales protegidas recibe apenas 16 pesos por hectárea.

Para corregir el rumbo de la iniciativa, en nombre de Somos formuló tres propuestas concretas: **Ampliar la consulta mediante la apertura de mesas regionales y de juventudes antes de dictaminar; corregir el artículo 28, garantizando que la evaluación estratégica complemente —y nunca sustituya— a la Manifestación de Impacto Ambiental; y asegurar un presupuesto real que garantice la operatividad de las instituciones ambientales.

Jarumy Méndez hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse, revisar la Gaceta Parlamentaria y exigir cuentas a sus representantes populares, recordando que “el medio ambiente no es de un gobierno ni de un partido: es tuyo, y de quienes todavía no han nacido.”**

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