Ciudad de México, a 5 de octubre de 2026

Posicionamiento

En seguimiento a lo anunciado durante el debate general de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una consulta de emergencia a nivel ministerial sobre la situación política de Nicaragua, lo que dio lugar a una resolución aprobada por unanimidad el 2 de octubre de 2026. Dicha resolución estableció un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, cuya labor inicia en 30 días, reconociendo por primera vez a los sectores políticos, sociales, religiosos, empresariales, de oposición, sociedad civil y comunidades en el exilio, así como medidas inmediatas entre las que figuran, notablemente, “la liberación incondicional de todos los presos políticos”.

El Gobierno de México, por su parte, emitió un pronunciamiento acerca del no acompañamiento de nuestro país a la resolución, en particular en lo que concierne a la vinculación entre la situación política y de Derechos Humanos y la seguridad hemisférica o con una amenaza directa a la paz, y que dicha separación descansa en el principio de autodeterminación contenido en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el marco de los principios de política exterior.

Según el jefe de la Delegación Permanente de México ante la OEA, embajador Alejandro Encinas, debe preservarse una clara distinción entre los asuntos que deben abordarse mediante los instrumentos de promoción de DDHH y aquellos que puedan constituir “auténticas amenazas a la paz y la seguridad internacionales”.

En este sentido, Somos destaca que haciendo uso de la cláusula de jurisdicción universal, a falta de la aceptación nicaragüense de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por parte de Nicaragua, un juez argentino ordenó el 30 de diciembre del 2024, la captura internacional de Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo por la violación sistemática de Derechos Humanos en Nicaragua. Asimismo, la Corte Interamericana de DDHH mantiene a Nicaragua en desacato permanente por negarse a liberar a los presos políticos restantes tras la resolución de la Corte. Finalmente, el Grupo de Expertos Independientes de la ONU identificó a 54 funcionarios de alto nivel dentro de la cadena de mando directa de la persecución política y la tortura. Ello coloca al régimen nicaragüense actual como uno con violaciones de DDHH sistemáticas comprobadas y sancionadas por organismos internacionales.

Si bien es cierto que la falta de procesos democráticos no crea automáticamente una amenaza a la seguridad regional, estos vacíos provocan debilidad institucional que a su vez genera tierra fértil para las actividades del crimen transnacional, vinculadas a su vez a desplazamientos internos forzados y a las crisis humanitarias transfronterizas de ello derivadas. Es decir, que existe un vínculo, aunque mediado, entre la falta democrática y la amenaza a la paz. La generación de Estados que no pueden garantizar la seguridad de su ciudadanía con frecuencia atrae también a mediadores e intervenciones extrarregionales que, a su vez, derrotan en el hecho el principio de autodeterminación.

México ha tenido notables excepciones al principio de autodeterminación, en particular al condenar los golpes de Estado y abogar por la restitución de la democracia frente a los casos de Nicaragua en 1979, en Chile en 1973 y en España de 1939 a 1977. Dicha oposición colocó a nuestro país del lado correcto de la historia.

Finalmente, sin importar que el vínculo entre vacío democrático y amenaza a la paz exista o no, no existe contradicción legal entre el principio de autodeterminación y el coadyuvar al desarrollo de la democracia por parte del gobierno mexicano, pues éste ha suscrito a propósito del desarrollo democrático, el Pacto de San José, ratificado en 1981, la Carta Democrática Interamericana de 2001, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1981, que no solamente no podrían haber sido ratificados de presentar una contradicción constitucional, si no que han sido elevados por encima de la CPEUM a partir de la reforma institucional en materia de DDHH de 2011.

En vista de lo anterior, Somos solicita al gobierno mexicano que apoye la resolución aprobada por unanimidad de la OEA, que participe activamente del Grupo Ministerial de Seguimiento y que actúe acorde con los compromisos internacionales adquiridos, no solamente en virtud de su obligatoriedad, sino para preservar el apego al derecho internacional que ha situado a México como un actor respetado y confiable en el sistema internacional que tantas veces lo ha colocado en el lado correcto de la historia.

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