Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026

Posicionamiento

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa para miles de trabajadoras y trabajadores la posibilidad de continuar cotizando voluntariamente para fortalecer su futura pensión después de tener un empleo formal. Por ello, cualquier modificación debe partir de un principio irrenunciable: los derechos de quienes han cotizado durante años no pueden convertirse en moneda de cambio de ajustes administrativos, políticos o financieros.

Somos reconoce la obligación del Estado mexicano de cuidar la viabilidad financiera del sistema pensionario, combatir posibles simulaciones y evitar abusos. Sin embargo, atender estos problemas no debe significar castigar a quienes han cumplido con sus aportaciones ni generar incertidumbre entre las personas que planean su retiro conforme a las reglas vigentes.

Ante los cambios anunciados por el IMSS, proponemos una política pública basada en:

Respeto a los derechos adquiridos. Garantizar la protección de las condiciones legalmente consolidadas de quienes ya están inscritos, así como la certeza jurídica de sus cotizaciones y expectativas legítimas de pensión, conforme a la legislación aplicable.

Transparencia y sustento actuarial. Publicar un estudio independiente sobre el impacto financiero de la Modalidad 40, identificar las prácticas irregulares que se pretende corregir y demostrar por qué cada restricción es necesaria y proporcional.

Transición justa para nuevos asegurados. Establecer reglas claras, información suficiente y mecanismos de transición para evitar que personas próximas al retiro, que tomaron decisiones de vida y ahorro con base en las condiciones anteriores, enfrenten cambios abruptos sin alternativas razonables.

Combate a los abusos sin perjudicar a los trabajadores. Investigar las simulaciones y sancionar las irregularidades comprobadas, sin generalizar sospechas ni cerrar oportunidades legítimas de cotización voluntaria.

Nuestra propuesta es construir una reforma pensionaria equilibrada, con participación de trabajadores, especialistas, organizaciones de pensionados, sindicatos y sectores empresariales; evaluación pública de sus efectos y mecanismos de revisión periódica.

El objetivo debe ser doble: proteger la sostenibilidad financiera del IMSS y también asegurar que las personas trabajadoras puedan construir una pensión digna mediante aportaciones legales, transparentes y previsibles.

Somos defenderá el retiro digno, la seguridad jurídica y el valor de toda una vida de trabajo. La solución no es enfrentar los derechos de las y los trabajadores con las finanzas públicas, sino garantizarles condiciones adecuadas y justas de retiro.

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