Ciudad de México a 16 de Julio del 2025

No. 54/2025

• “La reforma electoral que viene apunta a ser ‘la primera que no tenga consenso desde la reforma del 94’”: José Antonio Crespo.
• “Si queremos economizar, irremediablemente se van a lastimar los derechos ciudadanos”: Arturo Sánchez.

Con la participación del exconsejero electoral Arturo Sánchez y del politólogo José Antonio Crespo, la tercera emisión del programa Somos Ideas, conducido por Rodrigo Morales en colaboración con Alejandra Molinar, estuvo dedicada al análisis de lo que se perfila como la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para una reforma político-electoral.

De acuerdo con Rodrigo Morales, quien también fue consejero electoral, aunque la reforma aún no ha sido presentada formalmente, ya existen “elementos o trazos generales para comenzar a examinarla”. Entre ellos, señaló la percepción de que las elecciones y los partidos cuestan demasiado, por lo que se plantea revisar su financiamiento, así como la integración de la autoridad electoral y la posible elección de consejeros mediante voto popular. También mencionó la intención de rediseñar la representación política, revisando la integración de los diputados plurinominales e incluso el tamaño de las cámaras.

Para Arturo Sánchez Gutiérrez, sociólogo y exconsejero electoral, es fundamental no perder de vista los antecedentes de lo que podría ser la propuesta presidencial. Recordó que los llamados planes A, B y C del expresidente López Obrador ya planteaban afectaciones significativas al Instituto Nacional Electoral, especialmente en lo relativo a su servicio profesional, además de tocar el esquema de representación proporcional.

Los puntos que menciona la presidenta —dijo Arturo Sánchez— como ejes de la eventual reforma, provienen de esa visión: gastar menos en elecciones, reducir el financiamiento a los partidos. “Lo relevante es que se perfila una redefinición del Congreso, eliminando la representación proporcional y abriendo la puerta a la elección de autoridades electorales”. En su opinión, estos antecedentes “son muy negativos porque afectan la base del funcionamiento democrático que hemos construido durante más de tres décadas”.

El doctor José Antonio Crespo señaló que esta sería “la primera reforma electoral sin consenso desde la de 1994”, lo cual es grave, porque “si se trata de las reglas para acceder al poder, deben construirse con el acuerdo de todos los actores políticos”. Aunque reconoció que Morena podría aprobarla por tener mayoría calificada, recordó que esta mayoría “fue obtenida de forma anticonstitucional; no se logró legítimamente en las urnas”. En consecuencia, anticipó “una reforma sesgada en favor del partido gobernante, lo que implicaría un retroceso”.

A la pregunta de  Alejandra Molinar —conductora— sobre si es necesaria una reforma electoral en este momento, todos los participantes coincidieron en que sí, pero no en los términos planteados por la Presidencia. Mencionaron una serie de temas pendientes en las últimas reformas, como la sobrerrepresentación, que, según Crespo, “la oposición la debió haber eliminado en 2008 o 2014, porque distorsiona la representación”.

Arturo Sánchez, por su parte, destacó la necesidad de capacitar mejor a los funcionarios de casilla, mejorar la fiscalización del financiamiento de los partidos y separar con claridad los temas de una reforma electoral —centrada en los procedimientos— de una reforma política, que implica cambiar el régimen de representación.

Rodrigo Morales subrayó que “las reformas exitosas recogen los agravios de las minorías, no se imponen desde las mayorías”. Como ejemplo de estos agravios, citó lo ocurrido en la elección presidencial de 2024, donde —dijo— hubo “inequidad y falta de observancia al principio de neutralidad”. También mencionó nuevos desafíos, como el del Registro Federal de Electores, que “no era un problema, pero a partir de la CURP biométrica se ha vuelto uno serio, por lo que implica en términos de actualización y depuración”.

Arturo Sánchez advirtió que buena parte de la propuesta presidencial se justifica en términos de ahorro económico, pero subrayó que “garantizar derechos, dar confianza y certeza cuesta. Si queremos economizar, irremediablemente se van a lastimar los derechos ciudadanos”. En el mismo sentido, Crespo reconoció que en otro momento apoyó la reducción del presupuesto para partidos, pero que “en las condiciones actuales —donde Morena ya es un partido de Estado— reducirles recursos implicaría debilitarlos aún más”. Morales agregó que nos dirigimos “a una reforma sin diagnóstico; no saben si 20 pesos es ahorro o desinversión. Lo mismo vimos en la reforma judicial”.

Los participantes coincidieron con la propuesta del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, recientemente publicada, que plantea que toda reforma electoral debe ser consensuada por todas las fuerzas políticas. “Es algo que nos obliga a reflexionar más allá de la propuesta presidencial”, afirmó Arturo Sánchez.

Finalmente, Crespo advirtió que, aunque existen propuestas alternativas “en nombre de una mejor democracia”, el problema es que “Morena no la quiere. O quiere lo contrario… Van a hacer lo que se les dé la gana, sin consultar, sin debatir, sin negociar”. Y concluyó: “Ya se ha avanzado mucho en el desmantelamiento de la democracia. Esta reforma, y las que vienen, sólo terminarán de consolidar un régimen autocrático”.