Ciudad de México, a 12 de octubre de 2026

Boletín No. 57/2026

• SOMOS advierte que un proyecto de la Suprema Corte podría dejar sin respuesta legal a las víctimas de desplazamiento forzado.
• En 2025, más de 15 mil personas fueron desplazadas en 11 estados; México sigue sin una ley general, un registro nacional ni presupuesto específico para atenderlas.

SOMOS advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dejar sin respuesta legal a miles de familias desplazadas por la violencia, si este 13 de octubre aprueba un proyecto que descarta la obligación del Estado de legislar, crear instituciones y destinar presupuesto para atender a las víctimas.

La resolución se discutirá en un país donde el crimen organizado y el despojo de tierras han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, sin que exista todavía una ley general que garantice su protección.

La Corte tiene previsto discutir el Amparo en Revisión 269/2025, cuyo proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, propone negar la protección judicial solicitada bajo el argumento de que no existe una obligación constitucional o internacional específica de legislar sobre desplazamiento forzado, crear una institución responsable o asignar presupuesto para atender a las víctimas.

Para SOMOS, esta interpretación resulta preocupante porque permitiría que las autoridades continúen sin establecer mecanismos nacionales de protección, a pesar de que miles de personas han perdido sus viviendas, sus comunidades, sus medios de subsistencia y, en muchos casos, la posibilidad de regresar a sus lugares de origen.

Tan solo en 2025 se registraron al menos 15,795 personas desplazadas en 73 episodios masivos ocurridos en 11 estados del país. Pese a ello, México continúa sin una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, sin un Registro Nacional de Víctimas y sin presupuesto federal especializado. Actualmente, únicamente cinco entidades cuentan con legislación local en la materia: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas.

El proyecto también plantea una interpretación restrictiva de las obligaciones del Estado derivadas de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de restar fuerza a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los Principios Rectores de la ONU.

SOMOS considera que la ausencia de una disposición legal específica no debe utilizarse para justificar la falta de protección a quienes han sido obligados a huir de sus hogares. También considera indispensable avanzar hacia una legislación nacional, un registro de víctimas, instituciones responsables y recursos suficientes para brindar atención efectiva.

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