El proyecto de reformas sobre desapariciones forzadas permitiría la coexistencia de dos documentos de identidad: la CURP con biométricos y la credencial para votar. El problema es que el padrón electoral se vea severamente mermado al dejar de usarse la credencial del INE para hacer trámites.

Hace algunas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum turnó al Congreso un proyecto de reformas a la Ley General en materia de desapariciones forzadas que pretende, entre otras cosas, dotar al Estado de una robusta base de datos biométricos que ayude a la identificación de las víctimas. Sin duda el propósito es loable, sin embargo, es en la posible instrumentación que surgen severas dudas. Veamos.

En México tenemos por la vía de los hechos un documento nacional de identidad que es la credencial para votar que expide el INE. Es un instrumento registral robusto, pero que sólo brinda identidad confiable a los mexicanos mayores de 18 años; los menores de 18 años y los mexicanos residentes en el extranjero son una asignatura pendiente.

Lo que la reforma propone es que todas las autoridades que tengan registros administrativos de los ciudadanos transfieran sus bases de datos al Registro Nacional de Población. Ahí empiezan los problemas. Para transferir los datos personales es necesario que el titular de ellos dé su anuencia. El INE tiene 100 millones de registros, esos 100 millones tendríamos que autorizar que los datos que le confiamos al INE pasen a formar parte de otra base de datos. No parece sencilla la operación.

Al hacer obligatoria la CURP con biométricos para todos los ciudadanos mexicanos, en principio se resuelve el asunto de contar con un documento de identidad confiable para todos, pero los efectos sobre la calidad y confiabilidad del padrón electoral pueden ser devastadores. Tendríamos una coexistencia de dos documentos de identidad: por un lado, la naciente CURP con biométricos y por el otro la credencial para votar. En la medida que esta última pierda efectividad para hacer diversos trámites, se convertirá sólo en un instrumento para votar y es previsible que la cobertura que hoy tiene esa base de datos se vea severamente mermada.

Hay un problema adicional, en la reforma propuesta no se contempla la actualización de la CURP. Una vez obtenida, el ciudadano no varía su estatus, lo único que modifica esa base son los nacimientos y las defunciones. Por el contrario, en el caso del Registro de electores, la reforma que más benefició la actualización del padrón fue aquella que le dio vigencia a la credencial: a partir del 2008, los ciudadanos tenemos que renovar periódicamente nuestra credencial y es de esa manera que el INE registra la migración interna, nuestros cambios de domicilio. No es menor la diferencia: mientras que la CURP está pensada como un registro más estable, el INE es un registro más vivo que se interesa no sólo por dónde nacemos, sino dónde vivimos, dónde votamos.

La reforma aún no se aprueba, y faltan conocer muchos detalles de su instrumentación, pero ojalá no retrocedamos en todo lo que hemos ganado en materia registral. El Registro Federal de Electores es una institución ejemplar no sólo en México, sino que tiene una bien ganada reputación internacional. No sólo cuenta con la capacidad tecnológica para incorporar todas las innovaciones, tiene también todos los mecanismos para dar confianza a los partidos políticos, pero sobre todo a la ciudadanía. Espero que no tiremos por la borda esa conquista colectiva.

* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.