Ciudad de México a 2 de abril del 2026

Boletín No. 125/2026

Somos México saluda y reconoce la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de solicitar al Secretario General de la ONU que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a su Asamblea General para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte (México) en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

Esta decisión inédita y advertida previamente en múltiples ocasiones al gobierno mexicano, fue dada a conocer este jueves 2 de abril de acuerdo con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en donde el Comité reconoció que la información recibida sobre el tema país contiene indicios fundados de que “en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.

Al mismo tiempo es condenable que el gobierno mexicano, que se dice “humanista”, pretenda minimizar una crisis tan grave que está siendo catalogada como “crímenes de lesa humanidad” y rechace el informe del Comité de la ONU, “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México”. La lamentable respuesta del gobierno mexicano no tiene mayor fundamento que la declaración unilateral de que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”

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Sin embargo, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada asegura que ha recibido a lo largo de los años información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o consentimiento. El Comité subraya igualmente que el Estatuto de Roma, del que México también es Estado

Parte, señala que las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una organización, incluidos ciertos actores no estatales organizados, “cuando formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”, como ha ocurrido en nuestro país al amparo de una supuesta estrategia de seguridad denominada “abrazos, no balazos” que ha institucionalizado y garantizado impunidad al crimen organizado.

Por lo anterior resulta incomprensible y condenable que el Estado Mexicano, a través de un simple comunicado evidencie la contradicción entre su supuesta disposición a colaborar para combatir la crisis de desapariciones forzadas y al mismo tiempo descalifique y rechace la cooperación internacional, tratando de ocultar con cifras maquilladas presentadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en días recientes, una crisis que se ha convertido en un verdadero infierno para cientos de miles de familias en México.

Aún así, lo destacable de esta decisión es que se abre la posibilidad de emplazar desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas al gobierno mexicano a realizar un esfuerzo de cooperación de alto nivel en donde los derechos de las miles de víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición estén en el centro, como la única vía posible de combatir los altísimos niveles de impunidad de este “crimen perfecto” como lo calificó el propio comité en su informe de 2021/2022, y de esa forma posibilitar la construcción

de un verdadero estado de derecho y una democracia basada en la justicia.

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