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Exigimos terminar con el castigo anticipado contra Ruffo

Exigimos terminar con el castigo anticipado contra Ruffo

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Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026

Boletín No. 03/2026

  • Ernesto Ruffo, de 74 años, permanece en una prisión federal de máxima seguridad sin sentencia en su contra.
  • Los amparos contra la vinculación a proceso y contra la negativa de prisión domiciliaria están en trámite.

El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel exige poner fin al castigo anticipado contra el exgobernador de Baja California, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano sin haber sido condenado y cuando su caso todavía no llega a juicio.

Ruffo tiene 74 años y conserva intacta su presunción de inocencia. Su defensa pelea en tribunales tanto la decisión de vincularlo a proceso como su derecho a enfrentarlo desde casa, mientras los jueces resuelven ambos recursos.

La defensa sostiene que la imputación contra Ruffo se sustenta en que fue accionista y secretario del Consejo de Administración de INGEMAR, pero hasta ahora no se ha presentado una orden, firma, acuerdo o acción concreta que demuestre su participación directa o indirecta en los delitos investigados. Incluso lo presentado recientemente como nueva evidencia, señala la defensa, proviene de la misma información utilizada desde el inicio del caso y no aporta un documento nuevo que lo incrimine directamente.

El Comité aclaró además que la defensa sí pidió que Ruffo pudiera continuar el proceso desde su casa. La jueza rechazó la solicitud y esa decisión ya fue impugnada ante un juez federal.

No pedimos privilegios ni impunidad, exigimos debido proceso, presunción de inocencia y una justicia que mida con la misma vara a todos. Mantener a un hombre de 74 años en una prisión de máxima seguridad sin haber sido condenado no fortalece la justicia, evidentemente convierte la prisión en castigo antes de la sentencia.

Ernesto Ruffo no teme enfrentar a la justicia. Para el Comité, mantenerlo “secuestrado” en una prisión de máxima seguridad, como un preso político y sin sentencia en su contra, constituye una agresión directa a sus derechos humanos; es evidente que está viviendo una condena antes de ser juzgado.

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