Rarísimo. Para la elección presidencial del año pasado, que concitó una afluencia a las urnas de 61 por ciento, se registraron en el portal del Instituto Nacional Electoral INE 34 mil solicitudes de personas que querían fungir como observadoras electorales. La fecha del 2 de junio de la elección federal era ampliamente conocida y los nombres y coaliciones partidarias que apoyaban a las candidatas y al candidato eran reconocidos por una amplia mayoría de electores.

Pero, según encuestas reconocidas, la fecha de la próxima elección judicial sólo es reconocida por 12 por ciento de las personas encuestadas y 27 por ciento “algo sabe de la fecha”. Según otras encuestas, la mayoría de la gente no conoce bien las características del sistema de justicia. Confunde al Poder Judicial Federal con los tribunales estatales, cree que los jueces hacen lo mismo que los ministerios públicos y cree que el Poder Ejecutivo federal, es decir, la Presidencia, tiene un rango superior  a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.

Y sin embargo,  para esta elección, el portal del INE ha recibido 171 mil 313 solicitudes para la observación electoral: 500 por ciento más que para la elección presidencial del año pasado. ¿De cada 100 personas sólo 12 conoce la fecha de los comicios, pero milagrosamente se registran cinco veces más solicitudes para la observación de una elección que no se entiende y cuyos candidatos y candidatas apenas si se conocen? Según la ley, el INE (guinda) tendría  que cribar las solicitudes: eliminar las de militantes partidarios, candidatos recientes, etcétera. Si recordamos que en la elección de 2024 Morena registró a 98 por ciento de representantes en las 170 mil casillas y 99 por ciento de representantes generales –aquellos que cubren 10 casillas– las cifras parecen indicar una repetición de la operación del 2024: saturar las casillas con representantes partidarios de Morena y sus adláteres pero en esta ocasión disfrazados de ciudadanos interesados en la elección.

¿Para qué? Para intentar insuflarle algo de legitimidad a una elección ilegal y mal pensada de principio a fin. El INE había calculado una participación de entre 10 y 16 por ciento, pero la presidenta Sheinbaum “predijo” que sería del 20 por ciento. ¿Cuál será la labor de los observadores electorales “neutrales” que han solicitado participar? Darle ese 20 por ciento o más si se puede a la venganza del régimen contra el Poder Judicial Federal en aquellas casillas en las que sólo haya observadores proMorena. ¿Qué se debe hacer?

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La importancia de cambiar este cálculo no estriba en la elección en sí. Como ya lo he escrito con anterioridad, sea cual sea el resultado de la elección, en materia de justicia y separación de Poderes el daño ya está hecho. Quienes lleguen al triunfo en la próxima elección judicial operarán bajo una Constitución que más que reformada ha sido deformada para reflejar un proyecto autocrático y protodictatorial, irreconocible para la mayoría de los mexicanos, incluyendo los simpatizantes de Morena. La trascendencia de esta elección estriba en su carácter de ensayo general para una próxima reforma electoral que facilite la permanencia de Morena en el poder por décadas.

Como se ha documentado extensamente, la elección judicial de junio carece de los mínimos estándares de ejercicio de la democracia que la ciudadanía mexicana había logrado a partir de 1997. El número de casillas será de aproximadamente 50 por ciento del de las elecciones federales, pese a que habrá más candidatos. Los votos se depositarán en una sola urna y no se contarán por la ciudadanía, como ha sido el logro desde hace décadas, sino por funcionarios electorales, que tendrán 10 días para dar los resultados. Las boletas que no se usen no se inutilizarán y los electores no tendrán que dejar su credencial en la mesa para pasar a la urna. Y se utilizan recursos públicos en abundancia par promover candidaturas y las elecciones. Si la elección logra, por las buenas o por las malas, un porcentaje significativo de participación ciudadana, ello probaría que el abaratamiento de la elección mediante la reducción radical del presupuesto para el INE es la vía a seguir para la propuesta de reforma electoral que propondría Morena. 

¿Y dejaremos que esto suceda así? Dado que se trata de defender el proyecto que nos llevó a cientos de miles a calles y plazas como Marea Rosa: elecciones ciudadanas genuinas y sin intervención gubernamental, hoy podemos optar por solicitar ser observadores ciudadanos sin más intererés que defender la democracia y la posibilidad de elecciones genuinas en 2027. Y que la ciudadanía tenga una fuente de verdad. Te dejo aquí la pagina del INE para solicitar ser observador electoral: https://observadores.ine.mx/portal/requisitos.